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Torremolinos y Benalmádena

Lunes, 29 Mayo 2017 13:37

Los autónomos societarios y el acceso a la 'Tarifa Plana'

Los autónomos societarios también podrían tener derecho a disfrutar de la tarifa plana. La Seguridad Social lo ha venido negando, pero ahora los tribunales les dan la razón. De esta manera la justicia reconoce después de un largo periplo judicial, con sentencias favorables del TSJ de Madrid y Galicia, el derecho de estos administradores o socios de sociedades limitadas a aplicarse las bonificaciones a la Seguridad Social.

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Aquellos que se han dado de alta como autónomo societario, con fecha posterior al 24 de febrero de 2013, tendrán la posibilidad de reclamar a la Seguridad Social hasta 3.700 euros. El Estado, en principio, estaría en la obligación de devolverle esta cantidad de dinero con intereses.

En mayo de 2016 pasado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le dio la razón a la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), al entender que este tipo de autónomos (societarios) cuentan con derecho a que les aplique las bonificaciones y reducciones que establezca la normativa para el emprendimiento y la creación de empleo, lo que se dio por llamar como tarifa plana.

El TSJ de Galicia estimó a través de la sentencia 327/2015, de 21 de mayo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos de la Confederación de Empresarios de Lugo, en donde se defendía a los socios trabajadores de una compañía de la ciudad gallega de nueva creación, frente a la resolución administrativa dictada por la Seguridad Social, que rechazaba la aplicación a estos autónomos societarios de estas bonificaciones y reducciones, como recogía el artículo 1 de la Ley 11/2013 de 26 de julio.

La justicia entendió en su momento que la normativa no excluye en ningún momento a los autónomos societarios, entendiendo que la aplicación de las bonificaciones y reducciones debe ser respetada por la Administración.

Aunque, en todo momento hablamos en condicional, ya que para que se normalizara la situación se debiera producir una resolución expresa de la administración pública y/o un pronunciamiento del Tribunal Supremo.