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Torremolinos y Benalmádena

Los autónomos societarios también podrían tener derecho a disfrutar de la tarifa plana. La Seguridad Social lo ha venido negando, pero ahora los tribunales les dan la razón. De esta manera la justicia reconoce después de un largo periplo judicial, con sentencias favorables del TSJ de Madrid y Galicia, el derecho de estos administradores o socios de sociedades limitadas a aplicarse las bonificaciones a la Seguridad Social.

autonomos

 

Aquellos que se han dado de alta como autónomo societario, con fecha posterior al 24 de febrero de 2013, tendrán la posibilidad de reclamar a la Seguridad Social hasta 3.700 euros. El Estado, en principio, estaría en la obligación de devolverle esta cantidad de dinero con intereses.

En mayo de 2016 pasado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le dio la razón a la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), al entender que este tipo de autónomos (societarios) cuentan con derecho a que les aplique las bonificaciones y reducciones que establezca la normativa para el emprendimiento y la creación de empleo, lo que se dio por llamar como tarifa plana.

El TSJ de Galicia estimó a través de la sentencia 327/2015, de 21 de mayo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos de la Confederación de Empresarios de Lugo, en donde se defendía a los socios trabajadores de una compañía de la ciudad gallega de nueva creación, frente a la resolución administrativa dictada por la Seguridad Social, que rechazaba la aplicación a estos autónomos societarios de estas bonificaciones y reducciones, como recogía el artículo 1 de la Ley 11/2013 de 26 de julio.

La justicia entendió en su momento que la normativa no excluye en ningún momento a los autónomos societarios, entendiendo que la aplicación de las bonificaciones y reducciones debe ser respetada por la Administración.

Aunque, en todo momento hablamos en condicional, ya que para que se normalizara la situación se debiera producir una resolución expresa de la administración pública y/o un pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Publicado en Actualidad

Es una de las tres profesiones jurídicas existentes en España, junto con la de abogado y procurador, legitimadas para la intervención en procesos judiciales, pero limitados al área de la jurisdicción social., el número de colegiados ejercientes ronda los 25.000 miembros en todo el territorio nacional.

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El Graduado Social, una vez finalizada su carrera universitaria se incorpora obligatoriamente, si pretende ejercer como tal, al colegio profesional donde se encuentre ubicado su despacho profesional. Ya colegiado, se convierte en un Técnico en materias Sociales y Laborales y, como tal, estudia, asesora, representa, gestiona, sin apoderamiento especial, todos aquellos asuntos laborales y de Seguridad Social que le sean encomendados por particulares, administración y terceros

En definitiva, un Graduado Social es un asesor laboral, especializado en todo lo relacionado con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es una profesión en constante evolución y unida a la realidad de su entorno. Nuestra entidad, el Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, una corporación de derecho público, es una gran familia de todos estos profesionales cualificados en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que trabaja para que todos los colegiados puedan ofrecer un servicio de calidad y el mejor asesoramiento a sus clientes como operadores jurídicos que somos.

Por ello, nuestra apuesta firme siempre pasa por la formación y actualización profesional, en definitiva la colegiación garantiza la profesionalidad del servicio y, a su vez, obstaculiza el intrusismo en el sector. La nuestra, es una profesión en constante evolución y asociada, de manera indisoluble, con la realidad de su entorno. No podemos olvidarnos de que el Colegio trabaja diariamente en garantizar la actividad de sus colegiados, siguiendo las normas deontológicas y difundiendo la labor que un Graduado Social hace por la ciudadanía ante la Justicia, ofreciendo una amplia gama de servicios y promoción de la actividad, sin olvidar la seguridad profesional.

En su faceta jurídica, quizás la más desconocida pero sin duda en la que más especialización cuenta, el Graduado Social puede llevar a juicio todo lo relacionado con temas laborales, es decir: despidos, prestaciones contributivas y no contributivas, reclamaciones de salarios, clasificación profesional, sanciones, reducción de jornada, modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, etc.

Diferencias entre Graduado Social y abogado

El abogado puede ejercer de asesor en todas las materias jurídicas, como por ejemplo, civil, penal, contencioso-administrativo y por supuesto, laboral. Sin embargo, a lo largo de su formación universitaria, el Graduado Social se especializa desde el primer momento en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Las titulaciones desde las que es posible colegiarse como Graduado social son

  • El título de Graduado Social.
  • La Diplomatura en Relaciones Laborales.
  • El Título de Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos.

Desde una perspectiva teórica, podría decirse que el abogado está más orientado al ámbito procesal (los procesos en los tribunales de justicia), mientras que el Graduado Social es un especialista que presta un asesoramiento más integral, en el día a día de la empresa y sus relaciones con los trabajadores.

En la práctica, los límites se confunden; pues también hay graduados sociales muy especializados en la representación en juicio y abogados laboralistas que también desempeñan labores cotidianas de asesoramiento.

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